Pocas ayudas para tanta sequía

El Ministerio de Agricultura presentó ayer su programa de medidas para paliar los efectos de la sequía, entre las que no se contemplan ayudas directas para compensar las pérdidas ocasionadas. Entre sequía, heladas y pedriscos el año viene torcido y ni las cuentas del Ministerio, ni las de la Comunidad Autónoma están por enderezarlo.
El conjunto de medidas propuestas por el Ministerio contra la sequía se estructura en cuatro grupos: el seguro agrario, la fiscalidad, el acceso a la financiación y la PAC. Además se han anunciado las medidas que están en tramitación dentro de un Real Decreto-ley que incluirían exenciones del pago de tasas y cánones de riego y el aplazamiento de la cuota de la seguridad social.
En lo que se refiere al seguro agrario, se ha conseguido el compromiso de Agroseguro para agilizar las peritaciones para que la práctica totalidad de ellas estén finalizadas en el mes de julio y la totalidad en agosto. Para ello, se han incrementado notablemente el número de peritos en el campo hasta un total de 360 en todo el territorio, con el objetivo de que los productores cobren lo antes posible las indemnizaciones. Además, las parcelas aseguradas en el seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos que no tengan viabilidad, tendrán la posibilidad de realizar el aprovechamiento en verde. No obstante, el seguro ya estaba y, por lo tanto, no es ninguna nueva medida de apoyo; además de que el seguro agrario necesita ser mejorado porque, en concreto, en muchas de las zonas más afectadas no está resultando atractivo y la contratación es muy baja.
En cuanto a la fiscalidad, el Ministerio ha destacado la orden de reducción de módulos del IRPF para las producciones afectadas por adversidades climáticas que, para este año se estima en una reducción de la base imponible de 338 millones de euros. Los daños producidos en 2017, especialmente los de sequía, tendrán su reflejo en la propuesta que se elabore para la declaración de la renta de 2018. Ahora bien, la bajada de módulos en situaciones de crisis graves, cuando no hay ingresos, tiene un efecto real muy limitado.
Una de las medidas principales de las anunciadas, ha sido la Orden de ayudas a la financiación agraria que se publicó el pasado 5 de junio, que va a permitir facilitar el acceso a créditos de liquidez a las explotaciones agrarias afectadas por la sequía.
Esta línea contempla subvenciones de hasta el 100% del coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y un volumen de crédito máximo de 90 millones de euros, que será ampliable en caso de agotarse. El coste para el Ministerio de esta medida será realmente de unos 4,3 millones de euros. Se está trabajando también desde el Gobierno para aprobar una nueva orden de ayudas de financiación adaptada a los cultivos más afectados por la sequía destinadas a reestructurar créditos que ya se tuvieran solicitados.
En cuanto a las ayudas de la PAC, el Ministerio, a través del FEGA, va a solicitar a la Comisión el adelanto del 70% de las ayudas directas de la PAC y el 85% de las de desarrollo rural, lo que supone un montante de más de 3.000 millones de euros a nivel nacional. Con el dinero de la PAC ya se contaba, la ventaja sería poder realmente percibir ese adelanto a partir del 16 de octubre, aunque experiencias de ejercicios anteriores nos dicen que una cosa es que Bruselas lo autorice y otra, muy distinta y que no suele suceder, que las Comunidades Autónomas hayan realizado todos los controles y gestiones como para estar en disposición de cumplir en esa fecha y pagar realmente ese porcentaje de anticipo.
Además, y para evitar la pérdida de estas ayudas, se está tramitando la inclusión de una disposición en el Real Decreto por el que se declara la situación de sequía en el Duero, por la que el Ministerio reconoce que la actual sequía constituye un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural (por provocar daños que destruyen más del 30% de la producción anual media) para dicho ámbito territorial. Esto va a permitir flexibilizar las condiciones de cumplimiento de los requisitos para cobrar el “pago verde” y las medidas agroambientales. De momento, las Cuencas de Castilla-La Mancha del Tajo y Guadiana, donde también tenemos sequía, se quedan fuera de estas declaraciones, por lo que para aplicar dicha flexibilización la Comunidad Autónoma debería proceder a hacer una declaración similar en el ámbito de sus competencias… algo que Unión de Uniones ya le pidió por escrito a finales de mayo.
Por último, el Ministerio ha anunciado la tramitación de un Real Decreto-Ley por el que se exonera del pago de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación a los titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía hidrológica (en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero, Demarcación Hidrográfica del Segura y Demarcación Hidrográfica del Júcar) que hayan tenido una dotación inferior o igual al 50% de lo normal.
A su vez, dicho Real Decreto-ley contempla una moratoria sin intereses de un año a las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses de julio de 2017 a febrero de 2018, ambos inclusive, para los titulares de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía, tanto hidrológica como meteorológica.
Pedrisco en Manchuela
En cuanto a los importantes destrozos por el pedrisco que se han sufrido en La Manchuela de Albacete y Cuenca entre el 31 de mayo y el 30 de junio, el temporal ha provocado daños, que llegan al 80% o incluso al 100% en muchos miles de hectáreas tanto de viñedo, como de cereal, girasol y almendros.
El mensaje de la Consejería de Castilla-La Mancha con este asunto parece fotocopiado del usado por el Ministerio con la sequía… hay que apostar por el Seguro Agrario. De momento lo anunciado por la región es que se apoyará a los ayuntamientos que quieran solicitar al Gobierno de España la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil. Esta declaración tiene que ser aprobada en Consejo de Ministros y puede producirse a petición de las Administraciones interesadas cuando se hayan producido daños materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada. Entre las medidas que se podrían poner en marcha en base a dicha declaración estarían las ayudas por daños en producciones agrícolas. Pero la Comunidad Autónoma ya ha puesto públicamente la pelota en el tejado del Gobierno de la Nación y del Gobierno de la Nacional es difícil que pueda esperarse mucho más de lo que se ha aprobado para la sequía.