La Ley 6/2016 que regula la convocatoria de las elecciones al campo en Extremadura y determina el proceso de representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias, establece en su artículo 309 que el Censo electoral se obtendrá de acuerdo a los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social.
La Junta de Extremadura ha publicado el 4 de octubre de 2016 en el DOE un anuncio por el que ha acordado recabar los datos para la elaboración del Censo electoral en el Registro de Explotaciones Agrarias de Extremadura.
Según las informaciones de las que dispone La Unión de Extremadura, los trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos inscrito en el Registro de explotaciones son alrededor de 14.500 y en cambio los afiliados a la Seguridad Social en este régimen son 15.552.
En un proceso electoral hay que tener mucha precaución en la confección de los censos para evitar la comisión de irregularidades. Si la Ley establece que el censo se tiene que realizar a través de los datos obrantes en la Seguridad Social, es de esta manera y no de otro subterfugio como se deben obtener. No entendemos el motivo por el cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social no ha puesto ninguna traba a las regiones de Castilla y León, Cataluña o Madrid a la hora de facilitar el censo agrario y en cambio, nos informa la Junta de Extremadura de que a nuestra región no se nos puede facilitar esos datos.
No se puede contravenir la Ley y dejar a más de 1.000 agricultores sin que puedan ejercer el derecho a votar.
La Unión de Extremadura exige que se cumpla la Ley para evitar posibles manipulaciones en el resultado final. Por este motivo, hemos trasladado a los partidos políticos con representación en la Asamblea esta circunstancia para que si lo estiman oportuno, exijan el cumplimiento de las Leyes que emanan de la Asamblea.
