La Unión de Extremadura explicó que el Ministerio de Agricultura abrió expediente sancionador a tres empresas que no estaban cumpliendo lo estipulado en la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En concreto, denunció que no «cumplían la obligatoriedad de confeccionar los correspondientes contratos entre los vendedores y estas empresas compradoras donde se estipulase tanto el precio del producto como las fechas de pago».
Ante esto, el máximo órgano de representación del sector (que aglutina a productores, cooperativas, comercio e industriales en Extremadura) aclara en una nota de prensa que «nunca jamás en la historia del cultivo del arroz en Extremadura las empresas compradoras han ocasionado pérdidas económicas a los productores». Y añade que las operaciones de venta se llevan a cabo «con empresas profesionales, serias y solventes con una larga trayectoria».
La Mesa del Arroz también pide «respecto a las actuaciones de la Agencia de Información y Control Alimentario», así como para las empresas inspeccionadas, ya que, según indica, «la apertura de un expediente sancionador no significa en ningún momento que existan irregularidades, y que todas las empresas inspeccionadas tienen derecho a presentar las alegaciones antes de que las resoluciones de dichos expedientes sean definitivos».
La Mesa del Arroz añade que el «problema de rentabilidad del cultivo no tiene su origen en las empresas compradoras», por lo que pide a los representantes de La Unión que «sean serios y rigurosos en sus declaraciones».
LA MESA DEL ARROZ CUYO PRESIDENTE ES EMILIO CAMACHO, ACUSA A LA UNIÓN DE EXTREMADURA DE INVENTARSE DENUNCIAS, CUANDO EL PROPIO MINISTERIO DE AGRICULTURA ES EL QUE LE HA ABIERTO EXPEDIENTE SANCIONADOR POR ENCONTRAR INDICIOS CLAVES DE INCUMPLIMIENTO, ENTRE OTROS, AL PRESIDENTE DE LA MESA DON EMILIO CAMACHO, QUE POR LO VISTO NO PAGABA EL ARROZ EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA LEY.
