La Delegada del Gobierno en Extremadura, justificó la modificación de la Resolución de 14 de diciembre de 2018 por la que cambiaba el recorrido de la tractorada que se iba a celebrar en Mérida el 19 de diciembre, con tan solo 10 horas de antelación a dicha celebración, por el informe emitido por la Policía Local de Mérida que no aconsejaba por motivos de seguridad el tránsito de los tractores por el recorrido inicial que pasaba por la Presidencia de La Junta en la Plaza del Rastro.
El 27 de mayo declaró en sede judicial el Superintendente Jefe de la Policía Local de Mérida, en la que afirmó que el día anterior a la celebración de dicha manifestación, concretamente a las 14,55 horas recibió una llamada del Alcalde de Mérida D. Antonio Rodríguez Osuna por la que le instaba a confeccionar un informe por el que desaconsejase el recorrido del acto de protesta. A esta petición se negó dicho jefe de policía al ser extemporáneo y no tener tiempo material para preparar las medidas para el nuevo recorrido.
El Sr. Alcalde de Mérida le comunicó que le llamarían de la Delegación del Gobierno y que “hiciera lo que le dijeran”.
Posteriormente le llamo el Secretario General de la Delegación D. Fernando Gutiérrez Creus, en el que le instaba que por orden de la Delegada del Gobierno le enviara el informe solicitado, a lo que finalmente accedió.
Tras estas declaraciones queda de manifiesto que la Delegada del Gobierno, primero mintió en Sede Judicial al informar que:
- Había cambiado el recorrido fuera de los plazos legales, por la recepción de un informe emitido por la Policía Local en el que la Delegación no tenía nada que ver.
- Presionó al Jefe de la Policía Local para la redacción de dicho informe.
- Presionó al Alcalde de Mérida para que este a su vez coaccionara la Jefe de la Policía Local para la emisión de dicho informe.
Tras estas declaraciones en sede Judicial no se puede entender ni la actitud de la Fiscalía ni de la propia Jueza que pretenden archivar el caso al verse implicada la Delegada del Gobierno.
La Unión entiende que la actitud más coherente y que se hubiese realizado si tan alto cargo no fuese la imputada sería abrir diligencias para aclarar las coacciones de la Delegación del Gobierno y del Alcalde a un funcionario.
La Unión Extremadura va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia los intentos de archivo de la presente causa y hemos solicitado la testifical tanto del Alcalde de Mérida, el Sr, Osuna como del Secretario general de la Delegación del Gobierno el Dr. Gutiérrez a fin de depurar las posibles ilegalidades expuestas por el Jefe de la Policía de Mérida.
La Unión Extremadura, tras dichas declaraciones se reafirma con más contundencia que había un motivo político para no permitir que la tractorada transcurriera por la puerta de la Presidencia de la Junta de Extremadura.
