El 1 de abril entró en vigor el Real Decreto-ley 32/2021 que reforma el Estatuto de los Trabajadores y que endurece las condiciones de la contratación a empresarios. En el sector agrario la principal novedad que nos afecta dicha reforma es la eliminación de los contratos por obras y servicio que eran los utilizados en su mayoría para las labores en el campo y en especial las de poda, recolección, etc.
Para estas labores temporales, los agricultores y ganaderos tenemos que utilizar, por defecto, la contratación como fijo discontinuo a todos los obreros que necesitemos aunque el periodo de trabajo sea en un corto espacio de tiempo.
En el sector agrario las principales necesidades de mano de obra son temporales y debido a que la mayor parte de las explotaciones son familiares además de temporales son de escasa duración, por lo que tener que contratar a la mano de obra como fija supone unos inconvenientes importantes para los empleadores de este sector.
Se agrava esta situación con la idiosincrasia de los trabajadores contratados, muchos de ellos rumanos y magrebíes, con domicilio ambulante donde va a ser prácticamente imposible el ponernos en contactos con ellos en campañas sucesivas para priorizarlos a la hora de la contratación, ya que si no se realiza esta comunicación por escrito y de forma fehaciente se considerará como despido improcedente.
En La Unión no estamos en contra de la estabilidad en el empleo, pero no se puede hacer fijos, aunque sean discontinuos, a trabajadores que van 5 días a la recolección o a la poda.
La Unión Extremadura ha remitido un comunicado urgente a la Delegación del Gobierno en la que se les informa que la actual norma no se puede aplicar en el sector agrario y que además tiene más lagunas que certezas, por lo que hemos solicitado un aplazamiento en su entrada en vigor hasta que se analicen con criterio técnico la mediadas aprobadas y que no se pueden aplicar.
Si el Ministerio de Trabajo siguiera obligando con sanciones a aplicar una norma inaplicable en el sector agrario lo único que va a conseguir es que muchos pequeños empresarios renuncien a explotar cultivos sociales y nos vayamos a cultivos mecanizados sin uso de mano de obra, aumentando el paro en Extremadura.
No entendemos que las organizaciones agrarias UPA, que federada a UGT y que Asaja, afiliada a la CEOE, hayan pactado esta reforma que tanto perjudica al sector agrario.
