Miles de € de multas, decenas de prohibiciones, numerosas cargas policiales, varios detenidos; este es el balance democrático de la anterior Delegada del Gobierno.
La Constitución española reconoce en su artículo 21 como derecho fundamental el de reunión y en los casos de reuniones en lugares públicos y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas por razones fundadas de alteración de orden público.
La hasta el 1 de noviembre, Delegada del Gobierno en Extremadura, ha retorcido este principio constitucional a tal extremo que han sido multitud de solicitudes de manifestación prohibidas, decenas de denuncias y varias personas detenidas por resistencia a la Autoridad al no permitírseles el derecho de manifestación pacífica.
Hay que recordar la Sentencia 499 del 19 de diciembre de 2018, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Contencioso en la que se condenaba a la Delegada del Gobierno en Extremadura por Vulneración del Derecho Fundamental de Manifestación a La Unión Extremadura en una manifestación en Mérida.
Actualmente se está realizando una colecta para pagar las multas a los denunciados en las manifestaciones que se realizaron en Montehermoso para reivindicar un precio justo para las aceitunas, además recordar que tenemos actualmente dos agricultores investigados por resistencia a la autoridad en dichas manifestaciones.
Al margen del asunto personal, en los que la dirección de La Unión desea lo mejor para cada persona, en cambio a nivel profesional, entendemos que las libertades en Extremadura van a mejorar con la dimisión de Yolanda García Seco como Delegada del Gobierno, han sido muchos los colectivos que han definido a esta Delegada como la más sectaria que hemos tenido en Extremadura, con tintes dictatoriales superiores a los antiguos Gobernadores Civiles.
Al nuevo Delegado del Gobierno en Extremadura le felicitamos por la designación y le exigimos la aplicación del artículo 21 de la Constitución con el espíritu que libertad que se pretendía en su aprobación.
Los agricultores y ganaderos necesitamos Gobiernos que defiendan nuestros intereses, no autoridades que se dediquen a reprimir las protestas para dar una falsa sensación de paz social.
