Es vergonzoso poder imponer a un agricultor hasta tres años de cárcel por usar semilla no autorizada para su siembra, por las denuncias de estas multinacionales que están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas
En la actual campaña de siembra, los agricultores están sufriendo una escasez de semillas provocada por la sequía del año pasado, el sembrar cultivos de invierno en las zonas regables por la amenaza de nueva sequía, por las restricciones en las exportaciones por la guerra de Ucrania y por las nuevas exigencias para cumplir tanto la condicionalidad reforzada como los eco regímenes de la nueva Pac.
Esta escasez está provocando el desabastecimiento por un lado y el incremento exagerado del precio de dicha semilla, que en muchos casos se hace inviable su utilización.
Los agricultores están teniendo que recurrir a utilizar semillas de reempleo por los motivos citados anteriormente y aún en estos casos esta semilla es escasa y de precios prohibitivos.
Mientras esto sucede las empresas multinacionales que son las propietarias del uso de estas semillas están exigiendo un canon o royalty que está encareciendo aún más su uso.
En los últimos días estamos comprobando como la Guardia Civil acompañados por los técnicos de la Junta de Extremadura están realizando numerosas inspecciones para evitar que los agricultores se abastezcan de semillas a un precio asequible para poder sembrar y cumplir con las nuevas normas impuestas por la Pac.
Es curioso que hace dos años cuando denunciamos que una empresa había vendido semilla de arroz híbrido en mal estado, que produjo pérdidas millonarias en más de 200 explotaciones en la región, los agricultores no tuvimos el apoyo ni de la Guardia Civil ni de los técnicos de la Junta de Extremadura, en aquel caso, estos técnicos realizaron informes para proteger a la empresa de semilla que había estafado a los agricultores.
La Unión Extremadura ha solicitado tanto a la Junta de Extremadura como al Ministerio de Agricultura una moratoria para que por las causas de fuerza mayor enunciadas, se relajen las condiciones establecidas tanto en la Ley 3/2000 como en el Real Decreto 1211/2005 para poder realizar una campaña de siembra suficiente a y precios asequibles.
Es vergonzoso poder imponer a un agricultor hasta tres años de cárcel por usar semilla no autorizada para su siembra, por las denuncias de estas multinacionales que están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas.
